Caso Koldo exhibe profunda corrupción del Estado Mexicano

Mientras en España el Tribunal Supremo condenó por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por su implicación central en el llamado “caso mascarillas” o “caso Koldo”, que comenzó en México, aquí nadie investiga.

El Caso Koldo evidenció la corrupción en el gobierno de izquierda en España, y también sacó a la luz los nombres de empresas que participaron en este entramado, muchas de las cuales tienen ramificaciones en México. Una de las empresas señaladas es Acciona, de origen español.

La red criminal nació y se financió en gran medida gracias a conexiones políticas, sobornos y megaobras públicas en suelo mexicano. Los acercamientos en México fueron auspiciados por Ábalos y Koldo García, con diversas empresas constructoras que obtuvieron contratos en el gobierno de López Obrador.

Los contratos incluyeron licitaciones para el tendido de vías y estaciones del Tren Maya, el Tren Interoceánico y el Trolebús Elevado de Iztapalapa en la Ciudad de México. Sin embargo, la conexión de esta red llegó hasta el estado de Veracruz.

Con una relevancia especial en Veracruz, donde controla los sistemas de agua potable y alcantarillado en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río – Medellín, Acciona opera a través del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) y Compañía de Agua de Boca del Río (CAB)

Impone tarifas elevadas, como si operara un sistema de agua propio de una ciudad del primer mundo. Tanto el Grupo MAS como CAB incrementan sus tarifas mensualmente, de acuerdo a la inflación. Este mecanismo de indexación es muy rentable para las concesionarias, pero no para los usuarios.

Esto es completamente diferente a lo que se hace en la mayoría de los municipios de México, donde las tarifas de agua se aprueban anualmente mediante leyes de ingresos del Congreso.

Al costo de agua potable se le suma de forma automática un 40% extra por servicio de drenaje, otro 40% extra por servicio de saneamiento (tratamiento de aguas residuales) y un 1% por servicios ambientales.

Con esto, el usuario termina pagando un 81% adicional sobre su consumo de agua. El esquema es más visible en la forma de facturación de la Compañía de Agua de Boca del Río.

Esto es una práctica copiada de modelos europeos de alta eficiencia (como los aplicados en España), con la diferencia de que en Veracruz la ciudadanía denuncia continuamente que las plantas de tratamiento no operan o vierten el agua cruda al mar.

Con este formato, los sectores comerciales, industriales y residenciales altos de Veracruz pagan tarifas que igualan fácilmente las que se tienen en ciudades españolas, a pesar de la enorme brecha en infraestructura y calidad.

Acciona, señalada de corrupción en su país de origen, pretendió imponerle a los boqueños, un incrementos de hasta el 50% en las tarifas, con el argumento de actualizar sus planes de inversión.

El 8 de junio se presentó una denuncia por parte del Instituto Metropolitano del Agua (IMA), contra Grupo MAS por el desvío de 3 millones 399 mil 498 metros cúbicos de agua de Veracruz hacia Boca del Río, mediante una línea que se había ocultado al ayuntamiento de Veracruz, con una afectación económica calculada en 10 millones 722 mil 886 pesos para la misma institución municipal.

Ese desvío de agua se detectó después de descubrir el 19 de febrero de este año, la existencia de una línea de derivación del líquido no registrada por Grupo MAS, para enviarla hacia Boca del Río.

Al no existir la autorización del IMA para dicha derivación, el Instituto impuso una multa a Grupo MAS por 938 mil 480 pesos la cual, hasta el 23 de junio, se desconocía que se hubiera pagado.

Al descubrirse la irregularidad del Grupo MAS, el mismo remitió al IMA un listado de lo que llamó “Cartera litigiosa” por 2 mil 660 millones de pesos, para que el Instituto actuase para cobrarla.

Sin embargo, la petición fue rechazada porque únicamente era un listado contenido en un USB, sin ningún documento comprobatorio de las deudas.

Esta voracidad de Acciona contra la población de la zona conurbada de Veracruz, se nota también porque han surgido grupos que se oponen a la empresa transnacional, por lo mismo, entre estos: Movimiento Civil Renovador (MOCEV); Residentes Unidos del Fraccionamiento Floresta A.C. (RUFFAC); Colectivos Vecinales Pro-Amparo.

Wilber Mota Montoya, activista social y abogado, menciona que tan sólo en su despacho han interpuesto más de 3 mil juicios contra Grupo MAS y sus excesos y todos se han ganado.

Cada uno de estos juicios obligan a la empresa a reconectar el servicio del agua potable, “pero hay que decirlo, a pesar de ello, en algunos casos, violan las propias sentencias de amparo, ordenando volver a cortar el suministro”, apunta.

También señala que “cada día el grupo MAS se defiende con más argumentos legaloides”, pero ante la reforma de la Carta Magna que declara como un derecho humano el acceso al agua, “carecen de posibilidades para revertir, pero la propia ley les otorga elementos que les sirven para hacer estos trámites más engorrosos”.

El panorama de reclamo es el mismo en Boca del Río y en Medellín, los otros dos municipios donde Acciona controla el abasto de agua.

Mientras los reportes financieros del Grupo enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España presumen la estabilidad de sus activos en Latinoamérica, la insurrección jurídica ciudadana que se vive en Veracruz puede afectar a la transnacional.

De concretarse el reclamo de retirarle la concesión del manejo del agua a cualquiera de las dos empresas, puede significar un daño global para la empresa. Acciona invirtió cerca de 700 millones de pesos en 2021 para absorber la participación que dejó Odebrecht en Grupo MAS.

Ahora, una cancelación anticipada sin derecho a indemnización significaría la pérdida total de ese capital invertido, impactando directamente sus reportes de rentabilidad frente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

En Veracruz la empresa tejió un blindaje de relaciones de altísimo nivel con el clan de los Yunes de El Estero. En diciembre de 2017, a punto de dejar la presidencia municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez otorgó de forma directa a Acciona Agua, un millonario contrato de concesión por 30 años para operar la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB).

Luego, su sucesor, Humberto Alonso Morelli, entonces también muy vinculado al grupo de los Yunes de El Estero, clasificó como “reservados” los contratos e identidades de los apoderados legales de la firma europea, levantando sospechas inmediatas de opacidad comercial.

En ese entonces Acciona utilizó la misma estrategia de “alianzas regionales” que hoy tienen a la transnacional bajo sospecha en Europa: sociedades locales que aportan las redes de influencia política interna indispensables para asegurar que las cláusulas de rescisión contractual sean impagables para los municipios.

En este caso, el socio local fue la Constructora Malibrán, la cual se quedó con el 29% de las acciones, mientras que Acciona mantuvo un cómodo 69% para operar y controlar la CAB a su antojo.

Al ayuntamiento de Boca del Río le dieron sólo el 2% de las acciones, cuando la institución aportó lo más valioso: el derecho exclusivo de explotación del servicio público, al transferir la operación del sistema municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Pero también entregó la infraestructura pública existente, lo que permitió que la empresa operara de inmediato.

Inicialmente el ayuntamiento recibió el 15% de las acciones del capital social inicial de CAB, pero posteriormente, a través de la reestructura de los socios, su participación se diluyó para quedar en un 2%, con entrada formal del socio local Constructora Malibrán.

En esa operación Yunes Márquez dio una muestra clara de que sus intereses no estaban en la protección de los usuarios, si no en la obtención de ganancias, porque cedió a Acciona la cobranza y los rendimientos operativos.

A cambio, el “beneficio” para el municipio fue el 4% de los ingresos operacionales que obtuviera CAB. Ahí el municipio convirtió el derecho humano al agua en una fuente de regalías.

Constructora Malibrán ni siquiera figuraba en el fallo inicial de la licitación internacional del agua autorizada por el Congreso del Estado en 2016, si no que su adhesión se dio posteriormente para consolidar la relación del corporativo de los Ruiz Anitúa con los Yunes de El Estero, beneficiándose con contratos paralelos de obra pública e inmobiliarios en la zona costera.

Los rostros visibles y operadores del holding empresarial del que forma parte Constructora Malibrán, son los hermanos Javier Antonio Ruiz Anitúa y Francisco José Ruiz Anitúa, herederos del imperio de infraestructura fundado Valentín Ruiz Ortiz.

Los Ruiz también controlan firmas como Taxi Aéreo Villa Rica y Grupo Desarrollador Rumega. Han sido señalados formalmente en investigaciones periodísticas y carpetas judiciales por las millonarias asignaciones directas de contratos públicos federales y estatales.

Uno de los contratos que mejor evidenció su relación comercial con los Yunes de El Estero, fue que se les entregó la millonaria concesión para edificar las Ciudades Judiciales de Veracruz.

En Veracruz, simplemente aprovecharon que el Grupo Odebrecht se retiró, después del gobierno de Javier Duarte, y compraron la participación accionaria, pensando que todo sería miel sobre hojuelas.