Demandan arroceros del país examen de políticas públicas para enfrentar problemática rural

Exhorta CONAPAMEX a Estado y legisladores trabajar por bien del campo mexicano; Pedro Díaz Hartz, aporta propuestas en Seminario de Desarrollo Agrario en antigua sede del Senado de la República

Por Guillermo Pimentel Balderas

Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México (CONAPAMEX), aseguró que este sector propone al Estado y a los legisladores, un examen de las políticas públicas diseñadas para enfrentar la problemática rural.

Señaló que también deben involucrarse en este reto nacional, la iniciativa privada, la banca nacional de desarrollo, la banca privada y las propias organizaciones de productores en busca de soluciones viables para el conjunto de problemas por la que atraviesan el medio y, las mujeres y hombres que trabajan la tierra.

El dirigente de los arroceros sugirió pensar en nuevos diseños de fórmulas de solución a problemas recientes y antiguos en el ámbito del desarrollo agrario.

Refirió que hasta ahora y a partir de 1988, la definición de las políticas públicas se ha centrado en establecer lo que el gobierno no debe hacer. Es decir: “Dónde no debe intervenir y dónde debe ser reemplazado por el sector privado, por lo que CONAPAMEX Y CONSPIRO, consideran que es tiempo de señalar y definir lo que el gobierno sí debe hacer”.

Explicó que a la luz de esta realidad, y desde el punto de vista de los productores de arroz, el Estado no debió dejar su función como rector del desarrollo y promotor de la actividad productiva rural; como sucede en países con los cuales se tienen vínculos comerciales.

“Nuestra relación con esos países – como Estados Unidos-, exige, al menos, políticas de subsidios similares a los que ellos aplican; capaces de colocar a los productores nacionales en condiciones justas de competitividad; por ejemplo una Ley Espejo de la Farm Bill 2014/2018, donde los legisladores si velan por los intereses de los productores”, explico.

Díaz Hartz urgió encontrar nuevas formas de financiamiento y comercialización indispensables para producir y hacer crecer empresas familiares, con investigación y transferencias de tecnologías modernas como extensionismo y capacitación; así como dotarlos de infraestructura hidroagricola, de acopio, almacenamiento y transformación, acompañado del desarrollo comercial bajo contexto de una agricultura segura por contrato anticipado y con precios justos (cobertura de precios a futuros).

Manifestó que en el contenido de su aportación en el marco de la inauguración del Seminario Permanente: “La Participación del Estado en el Desarrollo Agrario”, que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, en el Patio Xicoténcatl, antigua sede, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a cargo de la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, con la presencia del Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, enfatiza: “No somos improvisados, sabemos trabajar y en este foro, hemos propuesto que es lo que requerimos, qué queremos y que necesitamos”.

Al mismo tiempo, subrayó: “Sin un campo productivo y próspero es imposible imaginar un México integrado, solidario y moderno. Por ello, la alta prioridad y el vigor de las políticas de desarrollo rural tienen que constituir una parte fundamental de las políticas públicas nacionales”, aseveró.

Más adelante, afirmó que el campo se encuentra muy deprimido y en espera de su rescate por lo que consideró que es tiempo de que el sector público, con sus instituciones, volteen en serio a ver al medio rural nacional y le aporten sin burocratismo y sin corrupción los recursos que necesita para lograr su bienestar.

El dirigente de los productores de arroz, expuso que el sector espera de los legisladores un actuar serio en su defensa, porque de ellos depende mucho cambie totalmente la difícil situación por la que atraviesan, y no sólo los arroceros del país, sino de las demás ramas de producción.

“No es una cuestión política, es de producción, meramente productivo. Que verdaderamente se apoye a las zonas que producen alimentos, como el arroz, porque con un respaldo en serio, podemos, otra vez, ser autosuficientes como lo demostramos en años anteriores, como en 1989”, enfatizó Díaz Hartz.

Subrayó que los productores de alimentos anhelan una tranquilidad y una paz social en el campo, y mencionó que los arroceros mexicanos han hecho su tarea, con esfuerzo, dedicación, sacrificios y con problemas para salir adelante. “Con hechos, han remontado adversidades a pesar de que no tenemos el apoyo suficiente de las autoridades del sector”, apuntó.

Díaz Hartz hizo un llamado para que no se desatienda el gobierno de su obligación de ayudar a los productores mexicanos del campo con capacitación, recursos, así como el fomento de las herramientas y tecnologías necesarias.

Hace 20 años, agregó, éramos 25 mil productores de arroz en el país y fuimos autosuficientes; hoy, con tan solo 3 mil 500 productores, estamos en la disposición de producir suficiente arroz para el consumo de los mexicanos, aseguró.

Mencionó que la Sagarpa debe canalizar verdaderamente los recursos, y en el caso del sector arrocero, “necesitamos tecnología, coberturas de precios a futuro para poder igualarlos con los precios internacionales, y sobre todo tecnificación, tecnología y la cuestión hidroagricola.

Por su parte, la Secretaria de Economía, manifestó, debe regular el mercado interno por lo menos con una política de comercio interior con respecto a los insumos que utilizamos, porque la mayoría viene del extranjero y se basan al precio de dólar.

Explicó que, por ejemplo, el fertilizante, al aumentar el dólar se incrementa su precio, y si dentro de una semana baja la cotización del dólar, ya no se reduce el costo de este insumo. “Pero, si vuelve a elevarse el billete norteamericano, nuevamente sube su costo el fertilizante con su último precio que nos aumentaron”, detalló.

Al respecto, se quejó Díaz Hartz de que “siempre salimos perdiendo”, porque “el productor es noble y con poco ha podido vivir hasta el momento en el campo, pero no puede seguir soportando más miseria”, advirtió.

Con relación al Seminario, expuso que estos encuentros ayudan a tener, al menos, voz y ser escuchados por los legisladores y los responsables de las instituciones federales del sector. “Y, por supuesto por los medios de información”, acotó.

Se anexa Intervención: “Propuesta de Políticas Públicas al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión”. .

COORDINADORA NACIONAL DE COMITES SISTEMA PRODUCTO, A.C.

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTORES DE ARROZ DE MEXICO, A.C.

PROPUESTA DOCUMENTO RECTOR

PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS AL GOBIERNO FEDERAL, SENADO Y CONGRESO DE LA UNION

Abril 2017

Políticas Públicas para un Desarrollo Rural Sustentable, Moderno, Justo, Equitativo y Rentable para el productor primario.

Las condiciones de los Productores y del campo de nuestro país son muy difíciles y complejas de cara al sexenio que estamos cursando, puesto que contienen un sin número de retos y oportunidades que nos impiden estar confiados, ser complacientes o pasivos.

Ante ello, creo que es oportuno pensar y diseñar fórmulas de solución a problemas nuevos y antiguos.

Es claro que el problema del campo y los productores de nuestro país nos afecta a todos: a las clases medias, a las clases altas, a las clases trabajadoras, al comercio y a la industria, porque la problemática campesina se transforma en problemas urbanos, en problemas internacionales por efectos de la emigración, en problemas económicos porque es un sector improductivo y sin poder de compra; en problemas sociales y de salud; en problemas educativos y de desarrollo general del país. En resumen, no podemos avanzar como país a la velocidad que deseamos porque arrastramos vergonzosos rezagos originados en el atraso y la marginación campesina.

Las soluciones dependerán del planteamiento, de su comprensión y principalmente de la aplicación a la resolución de los problemas; y éstas, serán consecuencia de políticas públicas adecuadas, modernas y eficientes, entre las que sobresalen las del financiamiento a la producción, a la transformación y a la comercialización, así como infraestructura hidráulica y de acopio.

Lo importante en estos tiempos de cambio que vive el país es cómo organizar a estos grandes grupos humanos para el trabajo y lograr que integren economías locales y regionales sostenibles, bajo el esquema de circuitos regionales de producción abasto y consumo.

Es bien sabido que los gobiernos federales desde antaño han integrado una serie de políticas e instituciones encargadas de atender a los productores; muchas de esas políticas e instituciones han caído en desuso por falta de eficiencia y otras por corrupción. Hoy lo necesario es encontrar sustitutos de esas políticas e instituciones que, sin volver al pasado, permitan un nuevo impulso. Este sector de la población mexicana enfrenta por razones propias de su historia las peores condiciones para ponerse en pie y lograr formas de producción competitivas a nivel nacional e internacional, dentro del proceso de globalización en que nos encontramos inmersos.

En tal contexto, CONAPAMEX Y la CONSIPRO proponen un examen de las políticas públicas diseñadas para enfrentar la problemática rural. Es obvio que sólo en la aplicación de políticas públicas en las que participen tanto el Estado, el Legislativo como la iniciativa privada, la banca nacional de desarrollo, la banca privada, y las propias organizaciones de productores se podrá encontrar soluciones viables para el conjunto de problemas del campo y los productores.

Como es bien sabido, una parte importante de las estrategias recientes han consistido en la reducción del Estado como principal promotor del desarrollo en el ámbito rural para dejar el espacio de la inversión a los agentes del sector privado.

La disminución en términos reales de los subsidios y el gasto público, así como el paulatino retiro del gobierno en los procesos de crédito, comercialización, desarrollo e investigación tecnológica en el agro, pretenden crear las condiciones para transformar y reactivar en el sector los capitales privados, nacionales y extranjeros.

LA PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTORES DEL CAMPO

Hasta ahora y a partir de 1988, la definición de las políticas públicas se ha centrado en establecer lo que el gobierno NO debe hacer; dónde NO debe intervenir, dónde debe ser reemplazado por el sector privado. En el ámbito del desarrollo rural, al menos, CONAPAMEX Y la CONSIPRO cree que es tiempo de señalar y definir lo que el gobierno SÍ debe hacer.

A la luz de esta realidad y desde nuestro punto de vista, el elemento central de lo que el Estado sí debe hacer o nunca debió dejar, es su función como rector del desarrollo y promotor de la actividad productiva rural, como sucede en los países con quienes tenemos vínculos comerciales. Nuestra creciente relación con esos países exige, al menos, políticas de subsidios similares a los que ellos aplican, capaces de colocar a los productores nacionales en condiciones justas de competitividad. (Ejemplo LEY ESPEJO DE LA FARM BILL 2014/2018)Donde los legisladores si velan por los intereses de los productores.

Si en el contexto nacional e internacional los productores son considerados en una nueva realidad su calidad de pequeños empresarios, incluso integrantes de pequeñas empresas familiares, se requiere entonces encontrar nuevas formas de financiamiento y comercialización indispensables para producir y hacer crecer dichas empresas; Investigación y transferencias de tecnologías modernas, Extensionismo y capacitación; así como dotar de infraestructura hidroagricola, de acopio, almacenamiento y transformación; así mismo el desarrollo comercial bajo el contexto de una agricultura segura por contrato anticipado y precio justo. (Coberturas de precios a futuros)

Al mismo tiempo, una característica fundamental del diseño de las políticas de desarrollo rural debe ser la flexibilidad, entendida como la capacidad de los planes, programas y proyectos para adecuarse a los ámbitos regionales y micro regionales. Esto último puede lograrse mediante un incremento de las capacidades de diseño y de gestión de las instituciones locales, con la participación de los beneficiarios potenciales.

Puesto que la problemática del desarrollo rural no es un problema sólo de los productores sino que atañe a todos los mexicanos, le corresponde al gobierno seguir dotando con infraestructura productiva a la gran mayoría de pequeños productores agropecuarios y asegurar un nivel digno de bienestar a la población rural, hoy bajo el signo de una competitividad social, comunitaria e individual para la que no está preparada plenamente.

Sin un campo productivo y próspero es imposible imaginar un México integrado, solidario y moderno. Por ello, la alta prioridad y el vigor de las políticas de desarrollo rural tienen que constituir una parte fundamental de las políticas públicas nacionales.

El binomio minifundio-mercado local formó un tipo de sociedad rural caracterizada por el estancamiento productivo, el autoconsumo, migraciones constantes, desempleo y subempleo de la mano de obra, explotación despiadada de los recursos naturales, erosión de suelos y vinculación a los canales del mercado donde los pequeños productores encuentran los precios más bajos cuando venden y los precios más altos cuando compran, y el déficit que surge lo saldan con créditos usureros.

En este contexto de relaciones productivas y sociales micro regionales, la construcción de pequeñas obras de infraestructura, sin modificar las estructuras y relaciones dominantes que aprisionan las posibilidades de progreso de los pueblos, explican por qué dichas inversiones no son suficientes y las familias permanecen en la pobreza y a merced de los intermediarios locales y de los prestamistas privados. La mayor parte de estos campesinos cuentan con tierras de riego, pero están endeudados, subsisten con complejos problemas de manejo, vendiendo a precios bajísimos sus productos a los intermediarios, adquiriendo insumos cada vez más caros, cautivos de intereses altísimos y enfrentando de manera aislada y desorganizada a la estructura del mercado local y las importaciones indiscriminadas, principalmente de USA, perdiendo autosuficiencia alimentaria.

Por eso, a nivel del minifundio, cuando su desarrollo descansa en una precaria agricultura de temporal, es responsabilidad ineludible del gobierno impulsar y asegurar la realización de diferentes tipos de obras y acciones para mejorar la producción, incorporar poco a poco nuevas tierras al riego, realizar acciones para el mejoramiento de la ganadería, impulsar proyectos rentables, promover la compactación de áreas, diversificar las actividades productivas y capacitar a la sociedad rural.

Además deben realizarse -en la órbita del mercado- acciones de gobierno socialmente eficientes y compensatorias, esfuerzos de concertación y enlace para que los productores -cuando produzcan, vendan o compren- lo puedan hacer por canales de comercialización, abasto e incluso financieros, diferentes a las formas anacrónicas y expoliadoras del mercado local.

Se trata por tanto de ir abriendo las cerradas estructuras del mercado local y regional, al tiempo que se asignan espacios físicos para que los productores organizados puedan, de manera concreta, lograr mejores precios, así como más equitativas y accesibles condiciones financieras.

Si no se trabaja simultáneamente en ambos espacios, si se descuida uno de ellos, si se hacen obras epidérmicas para dejar a los pueblos abandonados ante las fuerzas del mercado y presionados por los intereses dominantes, estaremos tomando falsas pistas y transitando por el camino del error, por lo tanto no habrá recursos que basten, no hay esfuerzo que sea suficiente. Y lo más grave: los problemas sociales de los productores seguirán sin resolverse y agudizándose. Una estrategia errónea hace más daño que la inmovilidad y crea situaciones muy difíciles de corregir o enderezar.

Un rasgo indispensable en las políticas públicas para el desarrollo rural, en México y particularmente en un país ecológicamente rico pero frágil y en riesgo como el nuestro, es el carácter sustentable que deben tener todos los componentes y acciones derivadas de esas políticas. En el campo esto incluye el manejo integral de las cuencas y el mantenimiento permanente de las grandes obras de irrigación.

Por todo eso, en CONAPAMEX y la CONSIPRO hemos empezado por redefinir el papel que deberán jugar las organizaciones de productores en este último par de años del sexenio. De una actividad centrada en la petición de tierras y recursos, las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos a desarrollar actividades tendientes a la seguridad social, al aprovechamiento diversificado de sus recursos y a la creación de empresas generadoras de producción, ocupación y bienestar social en general, todo esto basado en un desarrollo rural integral y sustentable; enfatizando el esfuerzo en segmentos específicos como las mujeres, los jóvenes, los niños y los ancianos.

La CONAPAMEX y la CONSIPRO se suman a la iniciativa de integrar una política de Estado que, por encima de las naturales diferencias entre las fuerzas que compiten por el poder, construya acuerdos en puntos básicos que garanticen que la estrategia, las metas y los programas de desarrollo del sector rural, se mantengan en el largo plazo, creando seguridad, confianza y certidumbre.

En tal sentido, CONAPAMEX y la CONSIPRO considera que una Política de Estado en materia de Desarrollo Rural, debe contemplar:

Una planeación de largo plazo, que permita asignar los recursos con base en prioridades claramente definidas.
Programas de beneficio social de largo aliento que privilegien la eliminación de los rezagos en materia social;
Dar prioridad al fomento de la agricultura, mediante la adopción de medidas encaminadas a elevar la productividad, mejorar la calidad de los productos, darles valor agregado y diversificar los canales de distribución y comercialización, privilegiando el consumo de productos nacionales;
Garantizar en esta visión multianual la participación de los productores organizados y capacitados en la toma de decisiones y en la integración de las cadenas de valor, así como la facilitación ágil, expedita y sin burocracia de las reglas de operación que verdaderamente impacten en el sector rural.

CONAPAMEX y La CONSIPRO consideran que el reto del Estado mexicano es adaptarse a la nueva realidad, manteniendo vigentes los principios originales. En tal sentido, es necesario encontrar un mecanismo institucional que concilie la justicia y el capital social con la libertad individual, en una economía de mercado abierta y altamente competitiva.

Comercialización, un problema recurrente de todas las ramas de producción y Sistemas Producto

La salida del Gobierno de la compra de granos básicos y su impacto en el campo, aún no ha sido suficientemente acotada. La gradualidad exigida por organizaciones como las nuestras no fueron escuchadas y la competencia desleal tiene amenazada prácticamente a todos los sistemas producto y ramas de producción agropecuaria y forestal.

La comercialización requiere de soporte en tres aspectos: económico para lograr equidad en los apoyos a las diferentes zonas productoras y con nuestros socios comerciales fuertemente subsidiados, asesoría operativa y jurídica para organizar local, regional y nacionalmente a los productores para comercializar y finalmente la entrega de espacios físicos con facilidades financieras para que los productores acopien, acondicionen, trasformen, almacenen y vendan sus mercancías. Sumado a lo anterior, el gobierno mexicano deberá formalizar una alianza amplia con sus productores, conviniendo la regulación de las importaciones para proteger la producción nacional, y Preferenciar en los programas sociales y gubernamentales compras de productos nacionales y de empresas del sector productivo primario y ofrecer un sistema de apoyos y subsidios cualitativamente superior y cuantitativamente competitivo que contribuya a la consolidación y el desarrollo de los mercados regionales, eliminando el contrabando irregular y documentado, elaborar y aplicar en origen normas obligatorias que certifiquen la sanidad y la calidad de los productos importados y construir una red de compradores, precios, oportunidades y orientación comercial, a través de los sistemas producto y las organizaciones económicas propiedad de los productores rurales.

Los resultados están a la vista; casi todos los sistemas producto y las ramas de producción, así como la inmensa mayoría de los productores y sus familias quedaron fuera de los beneficios del comercio, arrojando como consecuencia de este paso moderno pero muy injusto, el reiterado aumento de los pobres y los indigentes.

Ante la inminente apertura total, los sistemas producto y las organizaciones nacionales por ramas de producción agropecuaria y forestal, pilares de la economía en al menos el cuarenta por ciento de la población nacional y aportadores de casi la totalidad del empleo rural, proponen a través de nuestras organizaciones, las siguientes medidas para el blindaje de la producción primaria:

La articulación de las cadenas de valor agrícolas, pecuarias y forestales y la participación de los productores organizados y capacitados en todas las etapas del proceso, como premisa primordial del blindaje.
La Constitución de fondos de garantía operados por los Sistemas Producto, las Uniones, asociaciones y Federaciones por Ramas de Producción que apalanquen la obtención de financiamientos y la participación de las organizaciones económicas de productores en: la compra de fertilizantes; el establecimiento de centrales de maquinaria; la producción, acopio, acondicionamiento y comercialización de semillas, indispensables en la siembra; la adquisición y equipamiento de bodegas y el acceso a toda aquella infraestructura e insumos que faciliten compras masivas e incidan en la reducción de los costos de producción; e incentiven en la creación de una cadena de proveedores primarios confiables.
La formación, modernización y actualización acorde a las necesidades de los pequeños productores, del Sistema Financiero para el Desarrollo Rural Nacional, responsable de crear fondos y fideicomisos; otorgar líneas; ampliar plazos; ofrecer tasas, primas y subsidios; que equiparen los apoyos y servicios operados por nuestros competidores, y Preferenciar a los pequeños productores. La Financiera Nacional y Fira deberán cubrir equilibradamente todas las etapas de la cadena productiva; con especial énfasis en las grandes omisiones actuales en rubros como: producción, acopio, acondicionamiento, industrialización, pignoración, transporte y comercialización de cosechas.
1. El impulso definitivo de esquemas de agricultura por contrato y de conversión productiva, actualmente bajo ensayo. En todos los casos, los integrantes de la cadena recibirán incentivos, seguridades y beneficios adicionales que eliminen riesgos, mejoren la situación original y garanticen un ingreso atractivo; eliminando la idea errónea de aprovechar las coyunturas favorables del desempeño de los mercados para ahorrar apoyos y subsidios, a costillas de la legitima rentabilidad de los productores y la sostenibilidad de los sistemas producto y las ramas de producción.

Estas estrategias habrán de acompañarse con el reforzamiento y racionalización de los apoyos a la comercialización y los programas de desarrollo de mercados regionales entre los que destacan:

Actualización y modificación del ingreso objetivo anualmente,

Cobertura de precios
Eliminación del riesgo cambiario
Pignoración en origen y destino
Transporte, fletes cortos y cabotajes
Conversión productiva

5.El concepto de conversión productiva actual tipificado por el cambio de un cultivo por otro, debe superarse y ampliarse, incluyendo las modificaciones en los sistemas de producción, es el caso de reconversión de variedades, tecnologías o manejos agronómicos de precisión, el paso de agricultura a ganadería o plantaciones naturales, el traslado de la actividad primaria a la industria o los servicios; en fin, habrá de considerar cualquier cambio que implique riesgo, se contrate con el gobierno, contribuya al ordenamiento del mercado y le signifique un beneficio al país.

La implementación de un programa de incentivos fiscales, administrativos, económicos y de facilidades en general a los empresarios y a los industriales para favorecer su ubicación en las zonas de producción. Esta inversión sería recuperada en el mediano plazo a través de empleos, impuestos, subsidios a fletes y otros beneficios indirectos.
La revisión sanitaria y fitozoosanitaria en origen, con el mismo rigorismo al que sujetan nuestros socios comerciales a las exportaciones mexicanas, cuidando en todos los casos, la salud de la población y la protección de los cultivos y especies nacionales.
La aplicación de una normatividad precisa y especializada a las materias primas importadas y la evaluación y replanteamiento de las fracciones arancelarias con el objeto de evitar la competencia desleal. Hoy día los productores rurales compiten con maíz quebrado, café robusta, leche contaminada, carne congelada, desperdicios de aves, productos caducos, maíz transgénico, arroz pakistaní y vietnamita, etc., que entran al país por el enorme boquete que dejan la falta de revisión especializada y las fracciones arancelarias generales.
El rediseño de la estructura programática presupuestal con base en tres criterios fundamentales:
- La integración de cadenas de valor, y alianzas estratégicas.
- La rentabilidad de todos los participantes de la cadena y la identificación y eliminación de las debilidades, mediante programas y acciones sustentadas en un análisis transversal de competitividad.
- La mayor participación de los productores primarios en las etapas superiores de las cadenas productivas.

La Globalización ha propiciado la conformación de un mercado común de productos terminados, con mayor valor agregado, inductores de cambio en los hábitos y preferencias de los consumidores, a lo cual no podemos abstraernos. Lo anterior nos obliga a ser cada vez más competitivos en los mercados nacional e internacional, en aras de conservar y acrecentar nuestro posicionamiento.

De ahí el tamaño del reto que tenemos los productores rurales y nuestras organizaciones, sobre todo si consideramos que la industria y el comercio requiere de los productos primarios para su existencia e impacto económico.

El entorno rural garantiza la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y del ambiente de los que depende el futuro del planeta, es centro permanente de una producción cultural, formas de producción y estilo de vida específicos, la agricultura construye y protege el paisaje fuente de recreación urbana; pero su función fundamental se orienta a la satisfacción de la demanda alimentaria de la sociedad en general por ello, en sí misma la producción de alimentos constituye un valor y un motivo de interés público para todo gobierno, de ahí que la necesidad de los programas oficiales deben enfocarse , prioritariamente, a impulsar el éxito de esta importante actividad como se hace en otros países socios comerciales y muy precariamente aquí en México, situación que nos pone en desventaja competitiva y ante el imperativo de gestionar una renegociación del tratado comercial con América del Norte, específicamente Estados Unidos, debe considerarse una reforma estructural de las Políticas Publicas Agropecuarias en lo interno, y a las reglas del juego en lo Internacional.

Lo anterior en virtud de que el proceso de globalización imperante ha priorizado el mercado como motor del desarrollo económico, propiciando la concentración agroindustrial del sistema alimentario mexicano. Las políticas agrícolas mundiales y los acuerdos internacionales de comercio favorecen la industrialización de la agricultura, la concentración monopólica de los mercados agrícolas y atentan contra la multifuncionalidad de la agricultura, construida y garantizada por los pequeños productores.

El sector primario, especialmente el de los granos demanda una planeación de largo plazo, que permita asignar los recursos y apoyos requeridos con base en prioridades presentadas en este documento, claramente definidas y resistentes a los cambios de orientación política. El gobierno y los legisladores deben orientar las nuevas políticas hacia una administración de resultados y no por procesos como se ha hecho tradicionalmente: esto requiere procesos de planeación flexibles que involucren a los actores de la cadena en su conjunto en las etapas de diseño e implantación de dichas políticas, una vez consensuadas y aceptadas por la mayoría.

En suma el objetivo principal es crear una política para que la recuperación de los cultivos de granos básicos primordialmente, sea equitativa y de largo plazo que permita aumentar los ingresos de los productores y la supervivencia de ellos en el sector rural.

El blindaje de los sistemas producto y ramas de producción agropecuarias y forestales no puede ser concebido parcialmente, tampoco debe responder a criterios de supuesta eficiencia y ahorro en la administración del gobierno; cualquier blindaje que no se traduzca en rentabilidad, bienestar y combate de los pavorosos niveles de pobreza en el campo mexicano, no tiene razón ni fundamento económico y social.

PEDRO ALEJANDRO DIAZ HARTZ

PRESIDENTE

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