Fallos sobre Tren Maya, AIFA,Texcoco, Lozoya, Robles, bajo investigación judicial

Más allá de un escándalo noticioso, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura, ha iniciado una investigación, con “las más amplias facultades”, para determinar los hechos de la denuncia anónima dada a conocer a fines de semana.

Algunos de los casos específicos que se investigarán son:

Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica en los que, presuntamente, fueron presionados y amenazados, incluso desde el Poder Ejecutivo, los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, revela la denuncia.

Aeropuerto de Santa Lucia y cancelación del Aeropuerto de Texcoco, casos en el que los Magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, fueron “contactados” por Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar.

Tren Maya. El Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, fue citado a la Ciudad de México, para coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la presidencia de la República, exigiéndole que dejara de conceder suspensiones para las obras del Tren Maya.

Caso Lozoya. La Magistrada Cristina Porras, fue presionada para que resolviera en el caso conforme a los intereses que en ese momento tenía el ejecutivo, y ante su negativa le hicieron la vida imposible, por conducto, de Jaime Santana, Carlos Alpízar y Arturo Guerrero.

Caso Rosario Robles. La denuncia señala que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur; dictaba sus resoluciones en favor de los intereses del Ejecutivo Federal. Así se le impuso prisión preventiva justificada, sin tener facultades pues su función era como juez administrador del Centro, por lo que sus funciones eran administrativas no jurisdiccionales.

Se señala que todo fue con complicidad de la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal. Además de que existía un conflicto de intereses dada la cercanía de su tía con Morena. Juan Arango Riva Palacio, Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arau, abogados cercanos a Julio Scherer, obtuvieron auto de no vinculación a proceso a pesar de que había pruebas suficientes para llevar juicios en su contra.

Infonavit. El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Toluca, conoció un asunto por defraudación, en el que estaban involucrados altos funcionarios del Infonavit y particulares; llamó al Juez Adrián Rivera al referido piso 14 para decirle que resolviera en sentido favorable a sus intereses; posteriormente se amenazó al Magistrado José Nieves Luna Castro.

Telecomunicaciones. Se citaba a los jueces y magistrados especializados en materia de telecomunicaciones para entregarles criterios que el ex ministro Zaldívar señalaba para resolver esos asuntos, crearon juzgados y tribunales a modo.

El Heraldo. En el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa en la Ciudad de México se tramitó un asunto, en el que una de las partes era el diario “El Heraldo”, cuyos dueños son amigos íntimos del ex ministro Zaldívar y de la presidencia de la República, por lo que Carlos Alpízar tenía gran interés, al punto que Daniel Álvarez acudió con quien lo resolvería para que le informara sobre el asunto y diera aviso antes de dictar sentencia, señalándose que podría verse afectada en caso de que la sentencia fuera a favor de la contraparte.

Asunto Mexicali. En 2019, el juez José Luis Horta Herrera que se encontraba adscrito al Centro de Justicia Penal en Mexicali, Baja California, determinó no vincular a proceso a un miembro de las fuerzas armadas a pesar de que Alpízar lo había contactado y le ordenó que emitiera vinculación a proceso, lo que le valió que le iniciaran un procedimiento disciplinario en el que fue destituido, y en dos mil veintitrés fue restituido.

La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas que investiga estos casos, determinará si realmente recibieron presiones del Poder Ejecutivo y de Arturo Zaldívar.