Investiga SCJN a Arturo Zaldivar por manipulación y obstrucción de justicia

La magistrada Elba Sánchez Pozos, presentará una denuncia directa contra el ex ministro Arturo Zaldivar, por obstrucción de la justicia, en apoyo a otra denuncia anónima que circuló en las últimas horas en las redes sociales.

Esto trascendió hoy, paralelo a la noticia de la investigación que ha iniciado la Suprema Corte en contra del ex juzgador, hoy miembro de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, por vulnerar la autonomía e independencia de jueces.

Se revisarán juicios en los que intervino, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, con el apoyo de Carlos Alpizar, ex director de la Unidad de Investigación en el Consejo de la Judicatura de la Federación, que se encarga de revisar las conductas de los juzgadores.

Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó abrir dicha investigación a partir de la denuncia anónima.

La denuncia de la magistrada Sánchez Pozos será, por abuso de función, conflicto de interés y obstrucción de la justicia, entre otras agravantes que incluye manipular la normativa interna que rigen al Consejo de la Judicatura.

Esto fue puntualizado en el noticiero de Joaquín López Dóriga, en el que relató cómo Arturo Zaldivar rechazó investigar un caso por ella presentado y por el cual fue objeto de violencia política y fue suspendida.

Magistrada de Circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con Residencia en Zapopan, Jalisco, Sánchez Pozos dijo que ella fue removida hace tiempo por denunciar hechos indebidos e ilegales.

Vulneró la autonomía e independencia de titulares de juzgados y manipuló al Consejo de la Judicatura cuando denunció que pretendían hacerla firmar un proyecto de sentencia sin conocer siquiera el asunto.

Ella hizo la denuncia por oficio, con copia a Zaldivar, pero éste nunca le respondió y por ende, no se investigó. Pasaron los meses y la separaron de su función. Este es el inicio de la demanda que la magistrada presentará.

El Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano disciplinario y administrativo que rige a todos los jueces. Este es uno de los casos por los que actualmente se está investigando al ministro en retiro, Arturo Zaldivar.

De acuerdo con información filtrada a través de WhatsApp, Herbert Torres Coello, Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, dio a conocer que se ordenó abrir la investigación número J/108/2024.

Esto, luego de una denuncia anónima de la que se desprende que entre 2019 y 2022, Arturo Zaldivar tuvo conductas que vulneraron la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.

Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero.

También denuncian que él ejerció extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones en caso de no plegarse a sus deseos.

Las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González.

En la denuncia anónima, aparece una larguísima lista de jueces que fueron presionados por Zaldivar y Carlos Antonio Alpízar Salazar, a quien acusan de enriquecimiento ilícito durante su actuación como Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.

Señala el documento que este último se puso a las órdenes del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal Julio Sherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias.

“Existía un sistema corrupto utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo; consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 (catorce) del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal”

Ahí los presionaban o exigían que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil.