Ley de Amparo provoca las primeras grandes fisuras a la 4T
Morena, PT y Verde aprobaron en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Amparo, en medio de una profunda confrontación con PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y votos en contra de diputados de PT, PVEM y la abstención de la ministra en retiro y morenista, Olga Sánchez Cordero.
Ana Érika Santana, del PVEM, y Martha Aracely Cruz Jiménez, del PT, votaron en contra y se abstuvieron los diputados del PT, Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto. La legisladora mixe explicó que su voto se explica porque la reforma afectará el interés colectivo y ello tendrá impacto negativo en los pueblos indígenas.
La legisladora mixe Martha Aracely advirtió que la reforma afectará el interés colectivo y tendrá impacto negativo en los pueblos indígenas. Por ello presentó una reserva. Por su parte el PRI, advirtió que la nueva ley de amparo tendrá una retroactividad “selectiva”, y aplicarse discrecionalmente. “De hecho, está diseñada para recaudar”.
El debate en lo general, terminó a las 3 de la mañana de este miércoles. A las 9, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su veredicto sobre lo ocurrido en San Lázaro. Aseguró que no hay retroactividad en el ajuste al artículo 3° transitorio de la Ley de Amparo, y quedan salvaguardadas las demandas colectivas.
“Prácticamente es la misma propuesta que presentó el ministro (en retiro Arturo) Zaldívar (coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República… La Corte tiene jurisprudencia en qué tema de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no, y eso es lo que quedó en el transitorio”, aun cuando hayan sido casos que “ya se levantaron hace tiempo”, sostuvo la mandataria.
La mandataria dijo que todavía ayer la Cámara de Diputados realizó algunas modificaciones en cuanto a suspensión, permisos y concesiones. “Fue modificado para que quedara como está actualmente; es decir, que sí puede haber suspensión provisional”.
Ricardo Monreal había confirmado esto durante el debate, y dijo que uno de los cambios obedece a las críticas en contra de los requisitos que las personas deberán cumplir para solicitar un amparo. Anticipó que Morena propondría que se suprima la obligación del juez de verificar que, “de ejecutarse el acto (reclamado) se puedan causar daños de difícil reparación”.
El otro cambio tiene que ver con la interpretación del momento procesal en que los asuntos en proceso ya no podrán resolverse bajo el régimen legal anterior, sino bajo las nuevas disposiciones. Una tercera, que se votó al inicio de la discusión, la presentaron de manera conjunta Monreal y Ricardo Mejía Berdeja (PT).
Precisan que, tratándose de permisos, autorizaciones o concesiones del gobierno federal, existe un derecho adquirido y no está sujeto a revocación o a que se deje sin efecto.
En la tribuna, Mejía Berdeja explicó que la redacción del dictamen en la fracción XVI del artículo 129 prevé que se considerará que habría un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, si al concederse la suspensión en el juicio de amparo, se continúa con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran dichos permisos y no se cuenta con ellos, hayan sido revocados o dejados sin efecto.
Por ello se propuso suprimir la segunda parte de dicha fracción, “porque no es el mismo supuesto cuando alguien acude a una ventanilla del gobierno, le niegan el permiso y luego, como pasa hoy, se promueve un amparo y se otorga la suspensión y empiezan a operar sin contar con permiso y autorización”.
La modificación, que “beneficiará a millones es que, cuando ya se tenga el permiso, la concesión o la autorización, es derecho adquirido y viene una revocación o se deja sin efectos, ahí sí se puede hacer valer en el juicio de amparo en la suspensión provisional. Es muy diferente a no tener y tenerlo y que lo revoquen”.
Señaló que, tal como estaba esa fracción podría afectarse al sector transportista, que ya tiene sus permisos de operación, y “si lo dejamos como está y le revocan el permiso, ese transportista no tendría derecho a la suspensión provisional y tendría una afectación”.
El dictamen de las Comisiones unidas de Justicia y de Hacienda se validó en el pleno con 345 votos de Morena y sus aliados y 131 votos en contra de la oposición.
El Maestro Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana , expresó que la reciente reforma representa un retroceso considerable para el país en materia de derechos humanos y de control constitucional.
El académico destacó dos puntos principales de preocupación. El primero se refiere al interés legítimo, pues la nueva legislación exige demostrar una “lesión jurídica real” y un “beneficio cierto”, lo cual restringe la posibilidad de que comunidades, personas defensoras o periodistas interpongan amparos.
Más tarde, en Fast Track, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 83 votos contra 38 la minuta remitida por la Cámara de Diputados que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación.
Considerado el asunto de “urgente resolución’’ por 81 votos de Morena, PVEM y PT, contra 31 del PAN, PRI y MC, se procedió a su discusión de inmediato por el pleno cameral.
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