Rechazan en el SNA ordenar a Peña informar sobre espionaje a periodistas

AGENCIA SIC. 3 de julio.- Con una exprocuradora general de la República en la mira, (Arely Gómez González, ahora integrante del SNA), el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), tuvo su primera votación definitoria, con la que rechazó la propuesta de exhortar al Ejecutivo federal para que informe sobre la presunta intervención telefónica a periodistas y activistas de derechos humanos.

En lo que fue la Segunda Sesión Ordinaria, el Comité Coordinador del SNA rechazó, cinco votos contra uno, la propuesta que habría presentado la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacquelline Peschard Mariscal.

Tras exponer el tema ante los integrantes del Comité, Peschard Mariscal explicó que conforme al Artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana a su cargo, puede solicitar este tipo de exhortos.

Explicó que de confirmarse el supuesto uso del sistema de intervenciones telefónicas con que cuenta el Estado para llevar a cabo labores de seguridad pública, con anuencia de un juez, para escuchar a periodistas y activistas, podría haber un ejercicio ilícito del servicio público previsto en el Código Penal Federal.

En ese sentido y “por tratarse de un eventual delito, ya que no habría existido la orden judicial, el Comité Coordinador podría exhortar al Ejecutivo federal a proporcionar información sobre este tema”, dijo Peschard Mariscal.

No obstante, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza explicó que el planteamiento jurídico del Comité de Participación Ciudadana es inexacto, pues no se cumple el supuesto establecido en el Artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción invocado.

A lo anterior se agrega, dijo, que aún no está confirmado el supuesto acto de corrupción, pues inclusive el artículo del Código Penal que se aludió, no está en el apartado referente a delitos en esa materia de ese mismo ordenamiento.

En este mismo tenor se pronunció el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate, quien no obstante, reprobó toda forma de intervención ilegal en las comunicaciones de los ciudadanos; así como el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, quien

Después de la votación aclaró que el Instituto investigará el tema, por la presunta violación de los datos personales.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, rechazó la posibilidad del exhorto, pero aseguró que la instancia estará dispuesta a analizar el tema, si la Cámara de Diputados lo solicita.

Mientras que la ahora secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, se abstuvo de emitir alguna postura al respecto, y más bien, al terminar la sesión, salió más que rápido de uno de los salones del INAI, seguida de su escolta, que apenas si logró darle alcance para evitar las preguntas de los representantes de los medios de comunicación.

Al respecto, Jacquelline Peschard dijo que deberá ser Arely Gómez, quien presente una postura específica sobre este particular, si es que el sistema de intervención se usó cuando fue procuradora General de la República.

Durante la sesión, el Sistema Nacional Anticorrupción emitió una recomendación “no vinculante” a los Congresos de los estados, para que no emitan leyes locales de Responsabilidades y, por el contrario, apliquen la legislación general.

Así, el Comité Coordinador del SNA respaldó la propuesta que presentó la titular de la SFP, Arely Gómez González, en el sentido de que es innecesario que se cree una legislación local, cuando existe la Ley General de Responsabilidades.

Portal Martínez consideró importante que se aplique una sola legislación, pues de permitir que los estados creen la propia, generaría el riesgo de que un delito de corrupción se considere grave en una entidad y en otra no.

En tanto que Pérez Daza citó la jurisprudencia P.VII.2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según la cual la existencia de una Ley General, implica que las leyes locales homólogas quedarían derogadas.

Además, se puede aplicar la Ley General sin necesidad de crear leyes locales, precisamente porque éstas se hacen innecesarias frente a la legislación de mayor jerarquía, ante lo cual, se acordó recomendar a las legislaturas locales que no emitan Ley de Responsabilidades locales.

En otro punto del orden del día, el Comité aprobó una metodología para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de la administración pública federal, para lo cual la secretaria de la Función Pública propuso crear un grupo estratégico y uno técnico, para crear una política pública para la designación de estos funcionarios, con criterios técnicos y especializados.

En su momento, Peschard explicó que esta propuesta implicaría un calendario de más de nueves meses, por lo que pidió un esfuerzo para recortar el plazo; a lo que Gómez González aceptó recortar el plazo y ofreció “entregables” para diciembre del presente año.

Durante la misma sesión, el Comité Coordinador del SNA aceptó también la propuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para que los jueces locales sean nombrados bajo el mismo mecanismo que se nombran jueces de distrito y magistrados de circuito.