Reforma al INFONAVIT, crónica de un megafraude

Con el argumento de “hechos de corrupción”, ocurridos en el INFONAVIT durante “sexenios pasados”, principalmente el de Enrique Peña Nieto, el régimen de la 4T prepara una iniciativa que dejará al gobierno federal, el control completo de los órganos internos de Vigilancia, Auditoría y Transparencia de ese instituto.

Uno de los principales hechos ocurrió entre el 2013 y el 2018, en Nayarit, Chihuahua, Sinaloa y Chiapas, entre otros estados, cuando se descubrió toda una red de tráfico de influencias, presuntamente coordinada por el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, que se encuentra en prisión en EUA por narcotráfico.

En esta red estaban implicados jueces, magistrados locales y despachos de cobranza de Nayarit, que simulaban juicios para despojar de viviendas a 65 mil derechohabientes, según denunció Rodrigo González Barrios, vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad de Nayarit.

En esos años, revendieron al menos mil 400 viviendas hasta cuatro veces y de los hechos tendrían que rendir declaración los extitulares Alejandro Murat (2012-2015) actual senador por Morena, y David Penchyna (2015-2018), que ocupó el cargo durante el sexenio de Peña Nieto.

Estos delitos se mantuvieron en el silencio durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora salen a flote, a la luz de la reforma que pretende introducir el año próximo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que implica un absoluto control del gobierno federal, sin obstáculo alguno.

Según el Artículo 66 de la reforma al Infonavit, el gobierno NO REPORTARÁ a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) lo que haga con el dinero, lo cual, según especialistas, pone en grave riesgo a bancos y ahorradores de la banca porque literalmente, los empresarios y los trabajadores no toman decisión alguna.

La enmienda que busca el gobierno de Morena, modificará la conformación de 3 organismos clave dentro del INFONAVIT, que son: la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia.

Actualmente, la Comisión de Vigilancia está compuesta por 3 representantes del gobierno federal, 3 del sector empresarial y 3 de los trabajadores. Con la reforma, el gobierno pretende tener 5 representantes, contra 2 de los empresarios y 2 de los trabajadores.

En los otros dos Comités, la composición actual es de 1 representante por cada sector. La iniciativa que pretenden aprobar, cambiaría la composición a 3 por el gobierno federal contra 1 y 1 de los otros dos sectores.

El tema es sumamente delicado porque los patrones aportan dinero a la cuenta del trabajador; el gobierno transfiere una parte del sueldo de los trabajadores a la Subcuenta de Vivienda. Este descuento se deposita en las Afores, y hasta ahora permanece a disposición de los trabajadores.

Con la forma de representación que se pretende instaurar, corre el riesgo de que el gobierno federal tome el dinero del trabajador y decida por sí sólo en qué invertir. Si la inversión sale mal, el perdedor será el trabajador pese a que no es dinero público. Son fondos privados, del trabajador.