Más de 300 mil trabajadores de gasolineras sin derechos ni seguridad social

En México, más de 300 mil despachadores de gasolina que trabajan en poco más de 12 mil expendios de combustible, carecen de seguridad social y prestaciones como el derecho a la salud, vivienda, salario, vacaciones, incapacidad por accidente de trabajo o maternidad, reparto de utilidades o aguinaldo, denunció la diputada priista Nora Liliana Oropeza Olguín.

La legisladora hidalguense, afirmó que aun cuando la Constitución mexicana y la legislación en materia laboral establecen que toda persona tiene derecho al trabajo digno al que corresponde salario igual, y las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a garantizar derechos laborales, las estaciones de servicio infringen la ley.

“No obstante que la norma es clara, algunos patrones incumplen muchas veces de estas obligaciones, argumentando que su actividad empresarial o comercial no se encuentra en el supuesto al que hace referencia la Ley Federal del Trabajo sobre establecimientos análogos, ni tampoco se reconoce como trabajadores el personal que labora en sus empresas.

“Ello ha dado como resultado que éstos no sean sujetos de los derechos a los que la ley refiere, como sucede con los despachadores de gasolina”, precisó Oropeza Olguín.

La diputada priista destacó que las y los empleados de gasolineras generalmente tienen como ingreso las propinas de los clientes, son obligados a comprar uniformes, pagar entre 200 y 300 pesos como derecho de piso para poder laborar en una estación de servicio y vender una cantidad determinada de productos para automóviles.

Ante esta realidad de abusos laborales, propuso una iniciativa para que a las y los despachadores de gasolina se les reconozca como trabajadores en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo. Para ello, indicó, se busca reformar el artículo 344 de dicha legislación, modificación que también favorecería a los trabajadores de hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos.

Asimismo, la representante popular por el estado de Hidalgo presentó una segunda iniciativa, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación en favor de los niños jornaleros, cuyos padres cambian de residencia en el país por motivos laborales y los menores se ven en la necesidad de acompañarlos y desempeñarse en la agricultura. No obstante, la Ley del Trabajo establece la prohibición para la contratación de menores de 14 años, con el fin de protegerlos y garantizar su educación.