Robos y desvíos por más de 100 mmdp al erario público cada año

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Cuenta Pública de 2016 por 104 mil 241.2 millones de pesos, recursos de los que sólo se han recuperado 7 mil 896.9 millones.

El año anterior las inconsistencias involucraron 164 mil 716 millones.

En la aplicación de la Ley de Adquisiciones, es decir, la contratación de obra pública, la “excesiva discrecionalidad” fue la regla.

No se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.

Se detectó que el monto observado de posible daño al erario del gasto federalizado que se les entrega a los estados y municipios es de 98 mil 102 millones de pesos, del cual 69% corresponde al gasto federalizado programable y 31% a las participaciones federales

Al subejercicio correspondieron 14 mil 997 millones de pesos, de los cuales 4 mil 252 millones de pesos es un monto todavía por aclarar y las observaciones con impacto económico suman 78 mil 853 millones de pesos.

Por tercer año consecutivo, la ASF detectó que el estado de Veracruz, durante el último año de gestión de Javier Duarte fue la entidad con mayores montos observados, con 19 mil 728 millones de pesos.

Le sigue Nuevo León en el primer año de Jaime Rodríguez Calderón, con 9 mil 841 millones de pesos.

En tercer sitio se encuentra el Estado de México, con 7 mil 634 millones; le siguen Michoacán, con 6 mil 246 millones de pesos; además Tamaulipas, con 5 mil 437 millones de pesos. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Baja California continúan la lista

Las universidades públicas han sido utlizadas como presuntas proveedoras de bienes y servicios. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la entrega de recursos a universidades públicas por 586 millones 768 mil pesos.

No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016 se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales de entidades federativas y, en ocasiones, de la propia Federación.

Este fue parte del relato que hizo al presentar el tercer informe sobre la cuenta pública del 2016, el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra,

“Un alto riesgo” es la obra pública, así como las operaciones realizadas por las ahora llamadas empresas productivas del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Respecto a las Universidades, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2016, “se presume un probable daño o perjuicio de los recursos que la Secretaría de Educación Pública transfirió a las instituciones de educación superior con el fin de ser destinados a la operaciones del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, ya que no acreditó con los informes de avance trimestrales y con los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2016, cuál es el monto que las 63 Instituciones han ejercido”.

Es decir, no se tiene forma de comprobar que fueron recibidos y falló en dar los estados de cuenta de los contratos de los fideicomisos.

Los recursos fueron entregados a universidades autónomas como las del Estado de México, Morelos, Campeche y Sinaloa que no dieron información y otras como la Universidad Autónoma de Guadalajara, Baja California, Puebla, San Luis Potosí y Colima que proporcionaron información incompleta.

El programa tiene como objetivo profesionalizar a los profesores de tiempo completo, para lo cual se les otorgan apoyos con el fin de que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, y con responsabilidad social; se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen “una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno”.

Además la ASF encontró posibles desvíos de recursos por 280 millones de pesos que debían destinarse para útiles escolares.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) contrató –por adjudicación directa– a la Universidad Autónoma del Estado de México para la adquisición de materiales educativás, pero ésta, a su vez, subcontrató a otra para llevar a cabo los trabajos.

Conafe contrató para la adquisición de útiles escolares, libros y diccionarios al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Diconsa, aunque estas no tenían la capacidad técnica para realizar el trabajo.