Ley de Telecomunicaciones, inminente amenaza a la libertad de expresión

La ley de Telecomunicaciones, se perfila a convertirse en una violenta Ley Censura que pondrá contra la pared a la sociedad, por el sólo hecho de emitir una opinión o reenviar un mensaje que no sea del agrado del aparato del Estado.

De acuerdo con un análisis preliminar, los artículos 109 y 192 fracción IX, harán nugatoria la posibilidad de criticar al régimen ya que establece “el bloqueo” de plataformas digitales, desde cuentas individuales, institucionales, páginas, canales.

La iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, otorga facultades “ilimitadas” a lo que será la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, que estará bajo la dirección de una sola persona.

Conforme viene la ley, no será un cuerpo colegiado que tome las decisiones. Será un individuo que podrá decidir que se “bajen” o incluso sean “apagadas”, cuentas y portales de información en redes sociales como X, YouTube, Facebook.

Se concentrará el poder en una sola persona que otorgue o revoque concesiones, bloquee plataformas y acceda a datos biométricos de usuarios de esas redes, plataformas y de telefonía celular.

Con esta ley, se pretende un registro de usuarios de telefonía móvil, según señalan el artículo 8, fracción LXIV y el artículo 160 fracción IV, que proponen un registro de usuarios, incluso desde la compra de chips de los aparatos.

Cada línea telefónica tendrá que estar asociada a un RFC o una CURP, con lo que sólo se intenta revivir el RENAUT, creado por Felipe Calderón y del PANAUT, de López Obrador. Ambos desaparecieron.

El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía desapareció en el 2011 porque su base de datos fue vulnerada y puesta en venta en el mercado negro. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, fue declarado inconstitucional por la SCJN.

La nueva Ley de Telecomunicaciones, augura el reinicio de una revisión, seguimiento y calificación de contenidos; el regreso a concesiones controladas o por adjudicación directa, sin concurso.

De aprobarse, ésta podrá denominarse la Ley Sheinbaum, porque será promulgada bajo su gobierno y avala la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ordenada por Andrés Manuel López Obrador.

El IFT era un organismo colegiado, público, compuesto de consejeros, con lo que se buscaba evitar que fuera regulado, controlado por el Estado o por intereses fácticos. La futura Agencia no tendrá eso y concentra todas las facultades.

Por si fuera poco, la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, sería violatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.